Cibercriminalidad

 

En la actualidad el costo del cibercrimen en nuestro país es de alrededor de 9,000 millones de dólares al año; noticias como el ataque de Ransomware a los sistemas de PEMEX el año pasado y la vulneración de los sistemas bancarios en el 2018 con un costo de 600 millones de pesos, aunado a la trata de personas y abuso infantil a través de redes sociales, son claras señales de que la batalla contra la ciberdelincuencia se está perdiendo en México y en el mundo. De lo anterior es necesario comprender que la cibercriminalidad se define como las conductas delictivas que son cometidas ya sea como fin o medio a través de tecnologías de información y comunicación que se encuentran identificadas en los distintos códigos penales. Así pues, el Ransomware desde un punto de vista penal, es un conjunto de delitos relacionados con el acceso no autorizado a un sistema de cómputo, la alteración y eliminación de la información y por supuesto la extorsión. Todos delitos identificados en el Código Penal Federal.

 

Desafortunadamente en México y en el mundo la falta de conocimiento en el uso y aprovechamiento de las TIC aunado a la ignorancia de la correcta aplicación del marco legislativo de nuestro país, ha provocado que delincuentes informáticos (hacker) aprovechen la oportunidad de hacernos víctimas desde las grandes empresas hasta nuestros hijos, en un ambiente de inseguridad y vulnerabilidad que se incrementa día a día ante la llegada de dispositivos electrónicos cada vez más modernos y con mayores capacidades de comunicación pero sin  el factor de seguridad que nos permita identificar los riesgos inherentes en el uso de redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, entre otros.

 

Por lo anterior, la importancia de incorporar las mejores prácticas en la identificación, fijación, preservación y cadena de custodia  en el tratamiento de evidencia digital a los procesos de la seguridad de la información, nos permitirán ser eficaces no solamente en el restablecimiento y continuidad del negocio, sino brindarnos los elementos que nos permitan la persecución de este tipo de delincuentes; es necesario aplicar técnicas y metodologías de investigación criminalísticas orientadas a el tratamiento de evidencia digital sustentadas en el marco legal de nuestro país que permita aportar indicios digitales a la autoridad solicitante que garanticen su integridad en todas las etapas de la investigación permitiendo ser aceptada como evidencia por la autoridad correspondiente para casos administrativos, judiciales o penales. Lo anterior sumado a la aplicación de campañas de concientización en ciberseguridad y la correcta aplicación de procesos y procedimientos aplicados a la seguridad de la información que nos permitan reducir en un grado importante el ser víctimas de delincuentes informáticos y que estos sean castigados por la ley.

 

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